La Xunta diseña en A Coruña un plan para 5.000 viviendas hasta 2028, con 700 de promoción pública y 4.300 en Monte Mero
La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, expuso hoy la hoja de ruta del Gobierno gallego para incorporar más de 5.000 nuevas viviendas en la ciudad antes de 2028. El plan contempla 700 viviendas de impulso autonómico (repartidas entre Xuxán y otros barrios) y en torno a 4.300 adicionales promovidas por empresas y cooperativas en el suelo que la Xunta desarrolla en Monte Mero, de las que el 80% serán protegidas.
Acompañada por la delegada territorial Belén do Campo y el secretario general Heriberto García Porto, Allegue detalló la situación de los proyectos: en Xuxán están en construcción 104 viviendas, mientras más de 500 protegidas esperan la aprobación de la modificación del PXOM para licitarse. Además, avanza la redacción de 58 viviendas en los Rosais, 32 en Pedro Fernández y 11 en Porticada. En rehabilitación, siete hogares en dos edificios de las calles San Andrés (ya en obra) y Santa María continuarán al amparo del Programa Rexurbe.
La conselleira remarcó que el impulso a la vivienda pública está respaldado por 44 millones de euros comprometidos, de los que 34 millones están ya consignados en los Presupuestos de 2026 para políticas de vivienda. También destacó las ayudas otorgadas en 2025 en el área coruñesa: 3,2 millones de euros para promotores y cooperativas, tanto en venta como en alquiler, que activarán 300 nuevas viviendas protegidas.
Allegue subrayó, asimismo, la aplicación de técnicas industrializadas en un edificio de 40 viviendas en Xuxán, con el fin de mitigar la escasez de mano de obra, impulsar la digitalización y minimizar el impacto ambiental manteniendo la calidad.
De cara a 2026, el departamento prepara cambios normativos para permitir vivienda protegida y alojamientos compartidos en suelos dotacionales en desuso, públicos o privados, y ampliar la edificabilidad en determinados ámbitos para favorecer la promoción protegida. El paquete se completa con un programa piloto de compra pública de locales comerciales vacíos para convertirlos en vivienda —que arrancará en Ourense— y la opción de que los ayuntamientos empleen Planes de Incidencia Autonómica (PIA) para agilizar desarrollos residenciales.