La Xunta defiende el acceso social a las viviendas de Galivivienda mientras el BNG denuncia falta de transparencia
El secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, destacó la actuación de A Xunta de Galicia para asegurar que las 224 viviendas protegidas promovidas por la cooperativa Galivivienda en Xuxán mantengan su carácter social, frente a las dificultades derivadas de las modificaciones en la financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Según García Porto, el Gobierno autonómico actuó para que las condiciones de acceso a las viviendas no desvirtuasen su carácter social, tras un cambio en las condiciones del préstamo que obligaba a desembolsos elevados en los primeros diez años de ocupación.
La Xunta recuerda que licitó y adjudicó el suelo a Galivivienda con un canon simbólico y concedió más de 10 millones de euros en ayudas de fondos europeos, en procedimiento público y no competitivo. García Porto señaló que, tras la inacción del Ministerio, fue posible que el ICO reconsiderase su posición para volver a un esquema de financiación más próximo a la propuesta inicial, condicionado a la aclaración sobre la prórroga de los fondos europeos del Plan de Recuperación, vigentes hasta 2026.
Paralelamente, algunos cooperativistas presentaron reclamaciones ante la situación creada. A Xunta subraya que ofrece asesoramiento y busca soluciones para mejorar el acceso a la información y facilitar la financiación, pero no puede resolver disputas internas entre socios, que deben decidirse en asamblea.
Por su parte, la diputada del BNG, Alexandra Fernández, denunció en la Comisión de Ordenación Territorial que la Xunta avaló una ‘chapuza legal’ al permitir la subrogación de la cooperativa original en una nueva entidad sin garantizar los derechos sobre el suelo y las licencias, dejando a las familias en situación de indefensión. Fernández criticó también los cambios en las condiciones del financiamiento y la falta de transparencia, que provocaron una notable disminución de cooperativistas activos, y pidió a la Xunta que revise el modelo de adjudicación de suelo público para garantizar proyectos viables y el objetivo social de la vivienda.