La Xunta acusa al Estado de eludir responsabilidades por el dragado de la ría del Burgo
La polémica por el dragado de la ría del Burgo vuelve a primer plano tras las duras acusaciones lanzadas por la directora general de Desarrollo Pesquero, Marta Villaverde. Durante un encuentro con representantes de la cofradía de la zona, la responsable de la Xunta criticó con dureza al Gobierno central por “esconderse” y no asumir los efectos negativos de la actuación sobre el marisqueo, que afecta a más de 70 familias.
La Consellería do Mar acusa a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de practicar una “huida hacia adelante” al no responder a la carta enviada a finales de enero, en la que se reclamaban compensaciones económicas para las mariscadoras que tuvieron que detener su actividad debido al dragado. La misiva, según apunta la Xunta, sigue sin respuesta por parte del Ministerio.
Villaverde calificó los trabajos de dragado como una “chapuza” llena de deficiencias, y aseguró que 24 de los 27 bancos marisqueros presentan hoy un peor estado que antes del inicio de las obras. “No estamos ante una actuación de regeneración, sino ante una obra mal ejecutada que compromete el futuro de la actividad marisquera en la ría”, advirtió.
Según un informe técnico elaborado por la cofradía, los efectos negativos incluyen la reducción de las superficies productivas, alteraciones en la batimetría, cambios en la estructura del terreno marino y la presencia de irregularidades causadas por la maquinaria pesada. La directora general alertó de la grave “incertidumbre” que genera esta situación en las mariscadoras, que siguen sin poder retomar su actividad al no alcanzar aún los bivalvos el tamaño comercial exigido.
La Xunta reclama que se cumpla la Declaración de Impacto Ambiental publicada en el BOE en septiembre de 2017, que contempla la obligación de indemnizar a las personas afectadas desde la finalización de las obras hasta que puedan volver a mariscar. “Es evidente que en Madrid no comprenden, o no quieren comprender, lo que aquí está sucediendo”, reprochó Villaverde.
Desde la Consellería insisten en que es el Gobierno central quien debe asumir los costes y responsabilidades de una obra que promovió y ejecutó, y critican que se pretenda trasladar a la Xunta la carga de solucionar una crisis que no provocó. “Actúan de mala fe y tratan con total irresponsabilidad a un sector esencial, utilizando a las mariscadoras como daño colateral”, concluyó Villaverde.