La oferta de viviendas de la Xunta no despeja las dudas de las familias afectadas en Monte Mero
La reunión celebrada este miércoles, 25 de marzo, entre la Xunta y las personas afectadas por las expropiaciones del PIA de Monte Mero dejó sobre la mesa una primera oferta oficial, pero no logró despejar la incertidumbre de la vecindad. El Gobierno gallego trasladó que los propietarios de viviendas destinadas a residencia habitual y permanente podrán elegir entre una vivienda de reemplazo, que será construida por la propia administración, o la valoración económica del inmueble. Por su parte, los vecinos salieron del encuentro con la sensación de que siguen sin respuesta algunas de las cuestiones que consideran clave.
Según la información facilitada por la Xunta tras la reunión, la alternativa habitacional podrá materializarse en vivienda colectiva o unifamiliar, en una zona reservada dentro del propio ámbito de actuación. Además, en los próximos días se requerirá a los propietarios la documentación que acredite la titularidad y, en su caso, la residencia habitual en las viviendas. Después, técnicos del Instituto Galego da Vivenda e Solo visitarán cada edificación afectada para realizar su tasación y valoración.
Ese fue el marco oficial expuesto por la administración autonómica para un proyecto que prevé más de 4.000 nuevas viviendas, la mayoría protegidas, en el ámbito de Monte Mero. Sin embargo, la versión de la vecindad insiste en que la propuesta sigue sin aterrizar sobre la realidad de las familias que viven en la zona.
La Asociación de Vecinos de Pedralonga explicó tras el encuentro que uno de los principales obstáculos está en que la Xunta computa una construcción como una única vivienda expropiable, cuando en muchos casos dentro de ese mismo inmueble conviven varias familias sin división horizontal hecha. Según relató, hay casas con bajo, primero y segundo ocupados por distintos miembros de una misma familia o por unidades familiares diferentes, y la solución expuesta por la Xunta no aclara qué ocurrirá en esos supuestos.
Esa es, precisamente, una de las mayores preocupaciones de la vecindad. Los afectados sostienen que no se puede hablar de realojo 'casa por casa' si después se ofrece una única vivienda para una construcción en la que residen dos o tres familias distintas. La asociación asegura que eso dejaría a personas sin encaje claro en la propuesta y advierte de que los casos tienen que analizarse por familias y no solo por inmuebles.
Otro de los puntos de fricción fue el suelo. Según los vecinos, durante la reunión la Xunta evitó entrar a fondo en la cuestión de los terrenos y se centró únicamente en las viviendas. La asociación mantiene que ahí reside buena parte del conflicto, ya que muchas familias no solo temen perder la casa, sino también parcelas y fincas anexas por las que consideran que no se les está dando una respuesta suficiente.
Además, la asociación vecinal expone que la propuesta presentada abre interrogantes sobre los gastos que podrían asumir los afectados y sobre las limitaciones que acompañarían a las nuevas viviendas, además de dejar sin aclarar cómo se resolverán los desacuerdos entre copropietarios o entre familiares que prefieran soluciones distintas, ya sea una nueva casa o la compensación económica.
Pese a todo, los vecinos aseguran que no rechazan la construcción de vivienda pública en el ámbito. Lo que reclaman es que ese desarrollo no se haga a costa de dejar atrás a las familias que llevan décadas viviendo en Monte Mero. La sensación con la que salieron del encuentro es que la reunión sirvió para abrir una vía de diálogo, pero no para tranquilizarlos ni para cerrar un acuerdo real.
En los próximos días, el proceso entrará en una fase más concreta con la petición de documentación y las visitas técnicas a las viviendas. Será entonces cuando la propuesta de la Xunta empiece a medirse caso por caso y cuando se vea si la oferta de reemplazo consigue reducir la tensión o, por el contrario, alimenta aún más el conflicto abierto en Monte Mero.