La Junta de Personal docente eleva la presión sobre el nuevo director territorial tras ausentarse de su primera reunión
La llegada de José Santiago Freire Abeijón a la Dirección Territorial de Educación de A Coruña sigue rodeada de contestación. La Junta de Personal docente, integrada por CIG-Ensino, CCOO Ensino, ANPE y STEG, reclamó públicamente su cese y cargó este miércoles contra su ausencia en la primera reunión convocada con este órgano de representación del profesorado. Según denunciaron los sindicatos, el nuevo responsable no acudió al encuentro de las 10.00 horas y su ausencia fue justificada por una incidencia urgente en un centro de Lousame.
El conflicto llega pocos días después de que el nombramiento fuese publicado en el Diario Oficial de Galicia el 17 de marzo. Freire Abeijón, exalcalde de Noia y también exregidor de Lousame, sustituye en el puesto a Indalecio Cabana, histórico responsable territorial de Educación en la provincia.
La oposición al nombramiento no nació con la reunión frustrada de este miércoles. ANPE ya había solicitado por escrito su cese el 20 de marzo, mientras el BNG llevó al Parlamento la exigencia de relevarlo del cargo. También asociaciones de madres y padres han expresado en los últimos días su preocupación por la designación, al considerar que no cuenta con un perfil vinculado al sistema educativo.
La Junta de Personal sostiene que la Dirección Territorial debería recaer en una persona con trayectoria profesional en la enseñanza y capacidad acreditada de gestión educativa, especialmente en un momento de fuerte tensión en los centros por cuestiones organizativas, de personal y de mantenimiento. La ausencia en la primera reunión, según este órgano, agrava la sensación de distanciamiento con un profesorado que esperaba un primer contacto directo con el nuevo responsable. Esta valoración corresponde a la Junta de Personal docente.
Frente a estas críticas, la Xunta mantiene el respaldo a su nombramiento. El conselleiro Román Rodríguez defendió su trayectoria y pidió que se le deje trabajar antes de ser juzgado, mientras el presidente Alfonso Rueda restó importancia a las protestas y enmarcó la polémica en la confrontación política habitual alrededor de los cargos designados por el Gobierno gallego.