La Junta de Compensación del Castrillón reivindica la transparencia del desarrollo tras el recurso contra el convenio urbanístico
El comunicado de la Junta de Compensación del Castrillón llega después de que se conociera la presentación de un recurso ante el TSXG contra el convenio urbanístico aprobado por el Ayuntamiento en el mes de junio para el desarrollo de un ámbito pendiente de urbanizar en el barrio. La entidad, que agrupa a alrededor de 150 propietarios, es la encargada de promover y coordinar el proceso urbanístico en un sector donde, según explica, existen derechos edificatorios reconocidos desde hace años y que todavía no se han podido materializar.
Para entender el debate, la Junta de Compensación distingue entre dos piezas diferentes del procedimiento. Por un lado está el convenio urbanístico que, según su versión, actúa como un marco general: sirve para ordenar la relación entre las partes y fijar las líneas básicas de la actuación. Por otro, está el PERI (Plan Especial de Reforma Interior), que es el documento en el que se concretarán los detalles, como la ordenación pormenorizada, las soluciones técnicas, las fases, las afecciones y los trazados. La entidad subraya que será en ese PERI donde se abrirá el periodo formal de información pública y alegaciones, de modo que la ciudadanía podrá presentar propuestas y reclamaciones cuando el plan llegue al Ayuntamiento para su aprobación inicial, después de superar previamente la evaluación ambiental autonómica.
La Junta de Compensación defiende que este desarrollo ha sido especialmente transparente y recuerda que, desde el inicio, mantuvo reuniones con las asociaciones vecinales del entorno (Castrillón-Urbanización Soto, O Cruceiro y A Gaiteira), además de difundir públicamente las ideas generales del proyecto. Con ese mismo argumento, pide que no se convierta en un ‘arma política’ y que se evalúe con criterios técnicos y urbanísticos.
En su relato, la entidad sitúa el proceso en un contexto histórico del barrio: asegura que los propietarios cedieron hace décadas suelo que hoy es de uso público y del que se beneficia el vecindario, como los más de 55.000 metros cuadrados del Parque de Oza, los 5.000 metros cuadrados del centro deportivo con la piscina municipal, terrenos para completar tramos viarios y también 840 metros cuadrados para la ampliación del Instituto de Monelos.
Por último, la Junta de Compensación indica que los propietarios han sufragado la redacción de la propuesta mediante un equipo multidisciplinar y apunta algunas claves urbanísticas que, según afirma, guían el diseño: evitar ‘edificios pantalla’, generar más espacio público del exigido, mejorar la movilidad y aplicar criterios de ecología urbana como la regla 3-30-300.