La cuenta atrás para salvar Losán eleva la presión política sobre el Gobierno central
La crisis del Grupo Losán volvió a situarse en el centro del debate político en Galicia tras la ofensiva del PPdeG, que exigió al Gobierno central una respuesta inmediata para evitar que el deterioro de la empresa golpee de lleno al empleo industrial en el rural. La secretaria general de los populares gallegos, Paula Prado, trasladó esta reclamación en un encuentro en Curtis con el alcalde de la localidad, Javier Caínzos, con el regidor de Vilasantar, Fernando Pérez, y con representantes de otros municipios afectados, y defendió que los ministerios de Economía e Industria y la SEPI deben implicarse 'de forma urgente' para frenar la situación.
Prado explicó que el PP ya ha registrado iniciativas en el Congreso y en el Senado y aseguró que la propuesta de la Cámara Alta se debatirá el 16 de abril. La formación reclama la convocatoria de una mesa de trabajo institucional que coordine una solución integral y que atienda también los acuerdos aprobados por los ayuntamientos afectados. Esa presión municipal no es nueva: el pleno de Curtis ya aprobó por unanimidad en enero una propuesta para exigir la reactivación total de la actividad, el pago de las deudas salariales y la implicación de la SEPI, del Ministerio de Industria, de la Xunta y del Igape.
El movimiento del PP llega en un momento decisivo para el futuro del grupo maderero. Según la información conocida en los últimos días, el Gobierno negocia con la banca, con la Junta de Castilla y León y con Xesgalicia para evitar la quiebra de una compañía que supera los 1.500 trabajadores entre España y el exterior. Losán recibió en 2021 un rescate público de 35 millones de euros a través del fondo de la SEPI, pero ahora afronta una severa falta de liquidez y necesita cerrar una solución antes del 29 de abril para evitar la entrada en concurso de acreedores.
Mientras tanto, la presión también crece desde las plantillas. El comité de Industrias Losán viene reclamando una reunión urgente con la Xunta y con la SEPI para conocer con transparencia los planes reales de la empresa y abrir una mesa en la que participen administraciones, dirección y sindicatos. La representación laboral advierte del riesgo para alrededor de 200 empleos en las plantas de Curtis y Vilasantar y denuncia retrasos de hasta cuatro nóminas, una situación que considera insostenible si no aparece cuanto antes un plan de viabilidad creíble.
En este escenario, la intervención de Paula Prado se suma a una creciente carrera política e institucional por buscar una salida para una empresa estratégica para el sector forestal gallego. El foco inmediato está ahora en si las negociaciones abiertas cristalizan en un plan solvente y en si la presión de los ayuntamientos, de los trabajadores y de los partidos logra acelerar una respuesta antes de que termine la cuenta atrás judicial.