Graduados sociales de A Coruña y Ourense analizan el impacto de la nueva ley sobre invalidez permanente
La sede del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña acogerá este miércoles 4 de junio una jornada formativa centrada en las novedades introducidas por la Ley 2/2025, de 29 de abril, en materia de incapacidad laboral. La sesión, que se celebrará a partir de las 17.00 horas en formato híbrido —presencial y online—, será impartida por Ana Lorenzo, abogada y coordinadora jurídica especializada en Seguridad Social y Prevención de Riesgos en FRATERNIDAD-MUPRESPA.
El objetivo de la formación será profundizar en las implicaciones legales que conlleva la declaración de una invalidez permanente en la relación laboral entre la persona trabajadora y la empresa. La nueva normativa elimina la posibilidad de extinguir automáticamente el contrato de trabajo en ciertos grados de incapacidad, lo que supone un avance importante en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Tal como subraya Ana Lorenzo, “la gran mejora es que asegura la no discriminación por discapacidad concretada al eliminar la extinción automática del contrato de trabajo por la mera declaración en ciertos grados de incapacidad permanente”. Hasta la aprobación de esta norma, “la empresa tenía legitimidad para extinguir el contrato, solo podía limitarse ese derecho si venía recogido en el Convenio Colectivo del sector o por pacto interno”.
Con esta reforma, la capacidad de la empresa para finalizar unilateralmente la relación laboral queda condicionada a la voluntad de la persona trabajadora, así como a la posibilidad de adaptar el puesto o a la existencia de otro compatible con el nuevo contexto funcional. En este sentido, Lorenzo apunta que “se condiciona a la voluntad de la persona trabajadora y a la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo o a la existencia de un puesto de trabajo vacante y disponible acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación”.
Además de su contenido garantista, la norma incluye medidas para agilizar los procedimientos, estableciendo su tramitación preferente en el ámbito judicial. Según indica la ponente de la jornada, se trata de una normativa de obligado cumplimiento que introduce un marco más protector y equitativo para la persona trabajadora, contribuyendo a la inclusión y al respeto de los derechos laborales en contextos de discapacidad.