Elas y Eles solicita el amparo de la Valedora del Pueblo ante la expansión de plantas industriales de biogás
La Asociación de Ganaderas y Ganaderos Gallegos Elas e Eles registró una queja formal y una petición de amparo ante la institución de la Valedora do Pobo para reclamar su intervención urgente frente a lo que califican como una “invasión descontrolada” de plantas industriales de biogás en Galicia. El colectivo exige a la Xunta la declaración de una moratoria inmediata y denuncia una situación de “indefensión total” de la vecindad rural.
Según expone la asociación, la Administración autonómica está autorizando la importación masiva de residuos externos, como lodos de depuradora y subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH), para ser tratados y vertidos en el rural gallego sin garantías sanitarias suficientes ni un control efectivo de los olores. La entidad alerta de que esta práctica está convirtiendo el territorio rural en un receptor de desechos ajenos a la actividad agraria tradicional.
Desde Elas e Eles subrayan que no se oponen a las energías renovables, pero sí a un modelo industrial y especulativo que, a su juicio, se aleja de los estándares europeos. Mientras en otros países las plantas de biogás se integran en las propias explotaciones ganaderas para gestionar residuos propios, en Galicia se está apostando por macroplantas centralizadas diseñadas para importar grandes volúmenes de residuos de alto impacto ambiental y social.
En el escrito presentado ante la Valedora, la asociación aporta argumentos técnicos y jurídicos con los que sostiene que la normativa vigente resulta insuficiente para las características del territorio gallego. Advierten de que la aplicación de distancias de seguridad pensadas para zonas de población concentrada resulta inadecuada en un país con una población altamente dispersa. Además, alertan de que el clima gallego, con valles cerrados, frecuentes inversiones térmicas y elevada humedad, favorece la acumulación de gases y olores, agravando los efectos sobre la salud y la calidad de vida de la vecindad.
La denuncia va más allá del ámbito administrativo e invoca la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recordando el caso López Ostra, para argumentar que la exposición constante a malos olores y gases como el amoníaco o el sulfhídrico vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución española. Entre ellos, citan la inviolabilidad del domicilio, cuando los olores impiden el desarrollo de una vida normal en el hogar, y el derecho a la integridad física y moral, al considerar que obligar a la población a convivir con desechos supone un trato degradante.
Otro de los puntos centrales de la queja es el uso de la figura de los Proyectos Industriales Estratégicos, al amparo de la Ley 9/2021 de simplificación administrativa. La asociación denuncia que esta herramienta permite a la Xunta pasar por encima de los planes urbanísticos municipales, reducir los plazos de alegaciones y limitar la capacidad de decisión de los ayuntamientos y de la vecindad sobre su propio territorio.
Por todo ello, Elas e Eles solicita a la Valedora do Pobo que recomiende a la Xunta de Galicia la declaración de una moratoria inmediata en la autorización de nuevas plantas industriales de biogás y en los planes de vertido de digestatos exógenos. Asimismo, reclaman la elaboración de una Ley Gallega de Contaminación Odorífera que establezca límites objetivos de emisión e inmisión de olores, medidos en unidades de olor, para poner fin a la situación de inseguridad jurídica y a la falta de protección de las personas afectadas.
Desde la asociación concluyen que el rural gallego no puede convertirse en una “zona de sacrificio” para los residuos que nadie quiere, a cambio de producir gas para la industria, y reclaman respeto, salud y el cumplimiento estricto de la legalidad.