El TSXG avala que Oleiros pueda impugnar la planta de residuos de Oza y obliga a la Xunta a resolver el fondo del recurso
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón al Ayuntamiento de Oleiros en su batalla administrativa contra la planta de tratamiento de aceites e hidrocarburos proyectada en el muelle de Oza. La Sección 2ª ha dictado sentencia por la que reconoce la legitimación municipal para impugnar la autorización concedida por la Xunta a LIMPOIL y obliga a la Consellería de Medio Ambiente a resolver el recurso presentado por el Ayuntamiento, inicialmente inadmitido. El fallo abre así la puerta a que la administración autonómica entre en el fondo de las alegaciones, tras años de controversia.
Según el Ayuntamiento, la autorización ambiental integrada debe anularse por varios motivos: ubicación inadecuada —en plena ría y próxima a playas y áreas de interés ambiental y pesquero—; evaluación ambiental insuficiente, al considerar que fue simplificada y con informes escasos; carencias en protocolos de seguridad, medidas preventivas y gestión de aguas residuales; y falta de rigor en el análisis de impactos socioeconómicos y ambientales. El gobierno local recuerda, además, un precedente de 2002, cuando denunció ante los tribunales que vertidos recogidos en el puerto terminaron derramándose en una nave de Icaria a través de la red municipal de saneamiento.
Para Oleiros, las características de la planta resultan incompatibles con la actividad pesquera y con el contexto de un muelle no industrial, junto a las playas de Oza y Santa Cristina y cerca de la ría do Burgo, espacio en el que se trabaja desde hace décadas por el saneamiento y la recuperación de usos. El Ayuntamiento también advierte —como argumento contextual en el debate— de incidencias e incendios registrados en instalaciones similares en otras localidades del Estado en años recientes. Con el aval del TSXG a su legitimación, el ejecutivo municipal reclama ahora seguridad jurídica y una decisión motivada por parte de la Xunta que atienda a las garantías ambientales y de seguridad que, afirma, demanda la ciudadanía.