El taxi eleva la presión en A Coruña y llama a la calle contra los VTC
El conflicto entre el taxi y los VTC vivirá el próximo 25 de marzo un nuevo capítulo en A Coruña. Las dos asociaciones mayoritarias del sector, Radiotaxi y Teletaxi, han convocado una manifestación que arrancará a las 11.00 horas en el Obelisco Millennium y terminará sobre las 13.00 horas en la explanada de O Parrote. La movilización nace con la intención de denunciar lo que el gremio considera una falta de control municipal sobre vehículos con autorización VTC interurbana que, según sostiene, están prestando servicios dentro de la ciudad. El sector avanzó además que mantendrá servicios mínimos durante la protesta.
La convocatoria eleva el tono de un pulso que lleva meses creciendo. Hasta ahora ya se habían registrado caravanas y concentraciones promovidas por taxistas en los últimos meses, pero esta vez son las propias asociaciones mayoritarias las que asumen directamente la protesta, lo que da una nueva dimensión al malestar del colectivo. El fondo de la reclamación se mantiene intacto: el taxi entiende que existe competencia en desigualdad de condiciones y reclama una respuesta más rápida tanto en el control de la actividad como en la tramitación de las sanciones.
La movilización llega, además, con una ordenanza municipal todavía en fase embrionaria. El Ayuntamiento inició el 15 de enero la consulta pública previa para elaborar una norma específica sobre el transporte urbano de personas en vehículos con conductor. La concejala de Movilidad, Noemí Díaz, la presentó como un primer paso y la vinculó también a la realización de un estudio técnico que determine si es necesario autorizar servicios urbanos de VTC y bajo qué criterios de seguridad vial y sostenibilidad. El proceso de consulta permaneció abierto durante dos meses.
Mientras esa regulación no llega, la batalla sigue en los expedientes. El Ayuntamiento ha empezado ya a tramitar las actas de infracción remitidas por la Xunta y ha impuesto 14 sanciones por un importe conjunto de 16.000 euros. Según los datos publicados en febrero, los servicios municipales habían tramitado 62 informes de un total cercano a los 180 enviados por el Gobierno gallego. Ese avance, sin embargo, no ha servido para desactivar la protesta, ya que el sector considera insuficiente el ritmo con el que se está actuando e insiste en que la presencia de estos vehículos sigue aumentando en la ciudad.
Desde María Pita, la alcaldesa Inés Rey defendió en las últimas semanas que el Ayuntamiento está cumpliendo con la ley y con los procedimientos sancionadores, al tiempo que trasladó la responsabilidad política a la Xunta. El gobierno local reclama desde hace meses que la administración autonómica deje de conceder autorizaciones sin un estudio previo de la demanda y sin un marco común para Galicia. En ese choque a varias bandas, el 25 de marzo se convertirá en una nueva demostración de fuerza de un sector que ya no quiere esperar más por una solución definitiva.