El Supremo blinda el carácter público de Meirás y abre la puerta a indemnizar a los Franco
El Tribunal Supremo puso el punto final a la batalla judicial por la titularidad del Pazo de Meirás y confirmó por unanimidad la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que atribuía al Estado la propiedad de las Torres de Meirás y de las fincas incluidas en el recinto. La resolución desestima todos los recursos presentados y consolida definitivamente la reversión al patrimonio público de un enclave central en la memoria política y patrimonial de Galicia.
Los magistrados concluyen que, desde 1938, el pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, con un funcionamiento similar al de El Pardo, por lo que sus moradores no pudieron poseerlo en concepto de dueños, al menos hasta la década de los 90, cuando cesó toda prestación administrativa. Con esa base, el alto tribunal cierra la puerta a la usucapión invocada por la familia Franco y también descarta que existiese una desafectación tácita que hiciese perder al inmueble su condición de bien de dominio público.
El Supremo, sin embargo, mantiene el criterio de la Audiencia sobre la 'buena fe' de los herederos del dictador. Lo hace porque recuerda que la propia demanda del Estado asumía expresamente esa condición y, en consecuencia, reconocía el derecho a ser resarcidos por los gastos necesarios y útiles realizados en la finca. La cuantía no queda fijada ahora: deberá concretarse en la ejecución de la sentencia y los descendientes de Franco tendrán que acreditar qué desembolsos pueden ser indemnizados.
La sentencia fue recibida con satisfacción por las principales fuerzas políticas y representantes institucionales. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó la resolución como una 'batalla muy importante' ganada por la ciudadanía gallega y reivindicó que quedó demostrado que Meirás 'no era propiedad de la familia Franco, sino de los gallegos y las gallegas'. Además, defendió que el pazo debe ser transferido a Galicia, abrirse al conjunto de la ciudadanía y consolidarse como un espacio de memoria. La líder nacionalista también mostró su rechazo a que los herederos del dictador puedan ser indemnizados.
En la misma línea, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, celebró que el Supremo confirmase que el inmueble 'es propiedad del Estado y no de la familia de un dictador que trató de hacerse con él a través de un fraude'. El líder socialista sostuvo que esta victoria judicial fue posible por la coincidencia de gobiernos progresistas en la Diputación de A Coruña y en el Estado, y llegó a afirmar que 'tuvo que haber un cambio a un Gobierno socialista para que la recuperación del pazo fuese posible'. Besteiro puso además el foco en la dimensión reparadora del fallo y subrayó que supone una nueva reafirmación de Meirás como lugar de memoria democrática y reparación para las víctimas de la represión.
También el delegado del Gobierno en Galicia saludó la decisión judicial y aseguró que el fallo confirma que el Pazo de Meirás 'es de todos los gallegos y las gallegas y de todos los españoles y españolas'. En sus declaraciones, definió la resolución como un ejercicio de 'democracia' y 'justicia' e incidió en que el inmueble regresa al patrimonio común, por lo que llamó a celebrar una decisión cargada de simbolismo político e histórico.
La decisión llega, además, con Meirás ya incorporado al circuito público de visitas. El inmueble fue declarado bien de interés cultural en 2008 y hoy cuenta con un recorrido oficial que explica tanto la etapa de Emilia Pardo Bazán como su uso institucional durante la dictadura. Ese itinerario incluye los exteriores, el hall, la capilla, los jardines y la Casa de Josefa Portela, presentada como ejemplo del expolio sufrido por familias campesinas integradas en el 'complejo de Meirás' en 1938. En paralelo, el Estado incoó en 2025 el procedimiento para declararlo Lugar de Memoria Democrática.
En ese contexto, el fallo no solo cierra un litigio de gran carga simbólica, sino que refuerza el debate sobre el futuro de un espacio llamado a combinar conservación patrimonial, divulgación histórica y reparación democrática. Además, la Diputación de A Coruña acaba de activar una línea de 150.000 euros para que los ayuntamientos retiren simbología franquista, impulsen actividades y señalicen espacios de memoria, un movimiento que encaja con la nueva etapa que se abre ahora para Meirás.