El PSdeG de Oleiros critica al alcalde por comparar la demolición de la Casa Carniceiro con la DANA
El PSdeG de Oleiros señala unas declaraciones del alcalde, Ángel García Seoane, durante el juicio por el derribo de la Casa Carniceiro. Los socialistas califican como “un ejercicio de mal gusto sin límites” la insistencia del regidor en comparar su actuación con la tragedia provocada por la DANA en Valencia, llegando a considerarlo una “falta de respeto intolerable a las víctimas”.
Desde la formación socialista lamentan que Oleiros vuelva a ser noticia, según dicen, “por acciones al margen de la ley” de su alcalde. Critican que García Seoane trate de presentarse como “salvador” del municipio, tras afirmar en el juicio que evitó posibles desgracias al derribar el inmueble. “Se proclama como si hubiese evitado una catástrofe, olvidando decir que tenía desde hacía meses permiso para consolidar el edificio y que no hizo nada porque no quiso, o porque le molestaba esa casa”, aseguran.
El PSdeG insiste en que el alcalde no puede escudarse en supuestos peligros estructurales para justificar su actuación unilateral. “Si tan claro tenía el riesgo, ¿por qué no actuó antes?”, preguntan. “Su obligación era garantizar la seguridad, y durante meses desatendió esa responsabilidad con la Casa Carniceiro”, añaden, sugiriendo que detrás de la inacción había intereses personales o la creencia de que podía situarse por encima de la legalidad.
En lugar de asumir un posible error, los socialistas consideran que García Seoane “vuelve a sacar pecho” e insiste en defender una actuación que está siendo juzgada, sin reconocer la gravedad de sus palabras ni el contexto de la comparación. “Hablar de la DANA de Valencia para legitimar el derribo de un edificio en Oleiros es una muestra de absoluto mal gusto y una falta de respeto a las víctimas”, sentencian.
La Fiscalía solicita para el regidor 12 años de inhabilitación y 15 meses de prisión por un presunto delito contra el patrimonio histórico.
Finalmente, el PSdeG recuerda que el alcalde representa a toda la vecindad y le reclama más prudencia y responsabilidad en sus intervenciones públicas, especialmente cuando están en juego cuestiones tan sensibles como la memoria de personas fallecidas en una catástrofe natural.
LOS ANTECEDENTES
Alternativa dos Veciños, bajo la dirección de Ángel García Seoane, trasladaba en su momento haber recuperado una gran parte del patrimonio histórico arquitectónico del Ayuntamiento de Oleiros. En el año 2020, cuando el Ayuntamiento estaba negociando con los propietarios de la Casa Carniceiro su adquisición con la intención de restaurarla, un voraz incendio arrasó la vivienda el día 16 de julio.
Señalaban desde el consistorio que, debido a que todo su interior era de madera, solo quedaron en pie 4 paredes carbonizadas y agrietadas, con un serio riesgo de caída sobre la vía pública. Ante la situación económica de los propietarios, que debían al Ayuntamiento una importante cantidad en concepto de tasas e impuestos, el 13 de diciembre de ese mismo año el Ayuntamiento adquirió la finca que ocupaban las ruinas.
El día 26 de diciembre de 2020 un fuerte temporal derribó la pared interior. Con las predicciones meteorológicas que anunciaban una nueva tormenta para los días 30 y 31 de diciembre y ante el peligro de caída de parte de la pared frontal, separada de la N-VI por 80 cm, se acordó la demolición de las ruinas de la casa al amparo de la Ley de Bases de Régimen Local que prevé que ante la existencia de un peligro inminente para la ciudadanía los alcaldes están obligados a actuar para evitarlo.
El Ayuntamiento comunicó la actuación a Patrimonio y a la jefatura de Carreteras del Estado, que según indican, colaboró delimitando el tráfico en el puente Pasaxe con el objetivo de preservar la integridad de peatones y automovilistas por el peligro que suponía el uso de la maquinaria pesada necesaria. Aseguran así que en el proceso intervinieron varios técnicos, juristas y arquitectos, que avalaron con sus informes la eliminación de las ruinas. En la posterior investigación judicial, el técnico independiente nombrado por la fiscalía, también informó a favor de la demolición.
La propuesta de la Fiscalía fue abrir un juicio por la vía penal contra el alcalde por un delito contra el patrimonio histórico, solicitando una pena de prisión de 15 meses y 12 años de inhabilitación. El Gobierno local exponía que no se aceptó la "numerosa documentación que avala la correcta actuación del Ayuntamiento".