El PSdeG de Oleiros acusa a García Seoane de favorecer la especulación urbanística
El PSdeG de Oleiros señala directamente al alcalde, Ángel García Seoane, y a las políticas urbanísticas desarrolladas por Alternativa dos Veciños (AAVV), como responsables del incremento de los precios de la vivienda en el municipio. “La reducción del suelo para vivienda protegida ha sido constante desde que gobiernan con mayoría absoluta”, denuncian los socialistas, añadiendo que “los datos de la evolución de la reserva de suelo para vivienda protegida no dejan lugar a dudas”.
Según el PSdeG, en 2009, cuando AAVV gobernaba en minoría y se aprobó el Plan General de Ordenación Municipal (PXOM), la reserva de suelo para vivienda de protección oficial era del 33,86 %, por exigencia de la Xunta, entonces bajo un gobierno socialista. La situación comenzó a cambiar con las mayorías absolutas de García Seoane:
Señalan los socialistas que en 2014, ya con mayoría absoluta, la reserva se redujo al 10 %, el mínimo permitido por la Xunta del PP; en 2020, volvió a bajarse hasta el 6,40 %; y en abril de 2025, se aumentó ligeramente hasta el 8,10 %, de nuevo por exigencia de la Xunta.
Este último incremento lo califican de “ridículo” y justifican así su voto en contra de la modificación: “Un gobierno municipal comprometido con sus vecinos habría ampliado la reserva de suelo para vivienda protegida, pero este alcalde impulsa los pelotazos urbanísticos mientras en AAVV callan y otorgan”, denuncian.
Desde 2009 hasta 2025, denuncian los socialistas, la reserva de suelo para vivienda protegida ha caído más de 25 puntos, lo que supone una disminución global de más del 400 %. “Pero de la subida de precios, García Seoane echa la culpa a la Xunta y al Estado”, critican.
El PSdeG también señala que los promotores tienen un mayor interés en la vivienda libre, mucho más rentable, y acusan al alcalde de “ponerles la alfombra roja” gracias a sus mayorías absolutas. “Se les reduce el IBI un 90 %, mientras se lo sube un 10 % a los vecinos”, indican, subrayando que esta medida es legal, pero no obligatoria, por lo que la consideran un “regalo”.
Además, denuncian que la saturación urbanística está agravando los problemas de movilidad y de servicios, lo que puede llevar a una pérdida de valor de las propiedades actuales. “Quien un día veía un bosque por la ventana, al siguiente ve una grúa y poco después unas cuantas casas adosadas”, ejemplifican.
Finalmente, critican que en dos plenos consecutivos se les haya impedido debatir una moción en la que proponen medidas como: fijar un precio máximo por metro cuadrado para la vivienda protegida de nueva construcción; incluir en los presupuestos de 2026 una partida mínima de 1,5 millones de euros para políticas activas de vivienda; instar al gobierno local a ceder parcelas a la Xunta para construir VPO; e iniciar la creación progresiva de un parque público municipal de vivienda en alquiler.