El PP reclama en el Congreso compensaciones para los ayuntamientos con cárceles estatales
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ana Vázquez, defendió una iniciativa de su formación para que el Estado compense a los ayuntamientos que albergan centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, en línea con lo que ya sucede en otras comunidades como Cataluña. Según explicó, “no surge de los diputados nacionales gallegos, sino de los alcaldes de Curtis, Outeiro de Rei, A Lama, Monterroso y O Pereiro de Aguiar, que representan a 63 alcaldes”.
Vázquez denunció que estos municipios están obligados a prestar servicios esenciales como el suministro de agua potable, la recogida de residuos o el mantenimiento de las vías de acceso a los centros penitenciarios y a los juzgados de paz, sin recibir ningún tipo de compensación económica a cambio. Añadió además que “la población reclusa no figura en el padrón municipal, por lo que no computa a efectos de financiación, pese al evidente impacto económico que supone para los ayuntamientos”.
La diputada popular puso como ejemplo el modelo catalán tras la asunción de la competencia en materia penitenciaria: “Cuando Cataluña asumió la competencia de prisiones en 2015, el Gobierno aprobó el Real Decreto 31/2015, que estableció dos tipos de compensación para los ayuntamientos con centros penitenciarios”. Así, indicó que “por un lado, no se les eximió del cobro del IBI, que siguen recibiendo con normalidad, y, por otro, se reconoció una compensación adicional por cada recluso, en reconocimiento al coste añadido que asumen estos municipios”.
En Galicia, destacó que, a pesar de que los centros penitenciarios no son competencia autonómica, “la Xunta de Galicia ha comenzado también ya a compensar a estos ayuntamientos con mucho esfuerzo por parte de los ciudadanos gallegos”, asumiendo que estos municipios están prestando “servicios de carácter gratuito para una población ingente y que necesitan recursos”.
Vázquez recordó también que el Real Decreto Legislativo 2/2004, que recoge la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), aunque “no todos los inmuebles están sujetos a dicho tributo, ya que existen excepciones”. Entre ellas, indicó, se encuentran “los que son propiedad del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales y los directamente afectados a la defensa nacional, la seguridad ciudadana y los servicios educativos”, como es el caso de las prisiones. “Esto supone una merma importante en las arcas de los municipios porque, además, todos estos centros están situados en el ámbito rural”, añadió.
Por todo ello, el PP pide medidas complementarias y compensatorias por parte del Estado, a través de los Presupuestos Generales del Estado, para que la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local pueda dictar resoluciones que favorezcan los procedimientos de compensación a petición de los ayuntamientos afectados.