El PP de Culleredo exige la dimisión de la concejala de Economía tras la sentencia de Villa Melania
El Grupo Municipal del Partido Popular de Culleredo exigió en el pleno la dimisión inmediata de la concejala de Economía, Hacienda y Urbanismo, Marta Iglesias, o su cese por parte del alcalde, José Ramón Rioboo, tras conocerse una nueva sentencia judicial firme que condena al Ayuntamiento a indemnizar con 1,3 millones de euros a una promotora por incumplir un convenio urbanístico firmado en 2003, relacionado con la adquisición del pazo de Villa Melania.
La portavoz del PP, Izaskun García, considera que este nuevo revés económico “no es una herencia del pasado ni algo que les pillara por sorpresa. Es la factura de un modelo de gobierno agotado, sin proyecto. Y esa factura la pagan, una vez más, los vecinos de Culleredo”.
García denunció también que el ejecutivo local pretende asumir este pago millonario a través de un crédito extraordinario con cargo al remanente municipal, dado que los presupuestos están prorrogados desde 2023. “Se trata, literalmente, de una modificación extraordinaria para tapar un agujero provocado por la inacción”, aseguró.
Una gestión cuestionada y múltiples fallos judiciales
El PP recordó que Marta Iglesias ya fue reprobada en el pleno hace un año, por iniciativa del propio grupo popular y con el apoyo del BNG, debido a su responsabilidad directa en el bloqueo del PXOM, los retrasos en la aprobación de los presupuestos, el pago de facturas y la concesión de licencias. “Sigue en el cargo como si nada pasara. Y ahora, con esta nueva sentencia, los vecinos de Culleredo asumen otra vez las consecuencias de su dejadez”, lamentó la portavoz.
Según los populares, esta resolución se suma a otras tres sentencias que ya supusieron un importante impacto económico para el Ayuntamiento. Entre ellas, destaca el pago de 1,5 millones por el incumplimiento de un convenio urbanístico en el caso del colegio Ría do Burgo, así como otras dos sentencias condenatorias en 2023 vinculadas con la ampliación de la Casa Consistorial y los terrenos del paseo del río Trabe. “Estamos ante un patrón de irresponsabilidad reiterada. ¿Cuántas más sentencias como esta están por venir? ¿Cuántos agujeros más aparecerán?”, se preguntó Izaskun García.
Reclamaciones pendientes y más transparencia
El PP reclamó también la convocatoria inmediata de la comisión especial del PXOM, que según denuncian no ha sido convocada ni una sola vez en los ocho años de mandato de Rioboo. Además, exigieron al gobierno local un informe completo sobre los convenios urbanísticos firmados antes de la entrada en vigor de la Ley del Suelo de 2016, que consideran imprescindible para prever futuras responsabilidades económicas.
“No queremos bloquear el pago de estos 1,3 millones porque respetamos las resoluciones judiciales, pero tampoco vamos a permitir que no se asuman los errores. Si la concejala no dimite, debe ser cesada”, concluyó García.