El PP de Betanzos comienza con la recogida de firmas contra las restricciones de acceso al centro histórico
El Grupo Municipal del Partido Popular de Betanzos ha iniciado una recogida de firmas para reforzar la alegación colectiva que prevé presentar la próxima semana contra las restricciones de acceso al casco histórico promovidas por el gobierno local. La formación sostiene que no pretende frenar la ordenación del tráfico ni cuestionar un modelo de movilidad más sostenible, pero sí introducir correcciones para evitar, a su juicio, efectos perjudiciales sobre la vida diaria de la zona vieja.
Los populares defienden que el casco histórico debe seguir siendo un espacio vivo, con actividad comercial y condiciones asumibles para los residentes. En su argumentación, advierten de que la propuesta municipal puede resultar desproporcionada y ser percibida como un sistema punitivo si no va acompañada del consenso social y de las garantías técnicas que consideran necesarias.
Entre las principales peticiones que recoge la alegación figura la realización de un estudio previo sobre el tráfico rodado en el casco histórico y de una evaluación del posible impacto económico en el comercio tradicional. El PP también reclama que la normativa incorpore un anexo técnico detallado sobre la ubicación, la función y el protocolo de funcionamiento de las cámaras previstas, así como un procedimiento ágil y gratuito para acceder a las imágenes.
La propuesta incluye además la ampliación del tiempo máximo de acceso para conductores no residentes, que los populares sitúan como mínimo en 60 minutos, y la extensión del horario de carga y descarga hasta las 14.00 horas, con una franja vespertina adicional controlada. Junto a ello, piden una regulación específica que permita el acceso de vehículos de suministro esencial de más de 3.500 kilos.
En el apartado administrativo y de protección de datos, el grupo municipal solicita mayores garantías en la gestión de las imágenes captadas por las videocámaras y de los datos de carácter personal. También demanda que el plazo de comunicación de las solicitudes de acceso se reduzca a un máximo de 10 días, frente al mes que, según señala, figura ahora en la normativa.
La alegación incorpora también la exigencia de una señalización física clara de las zonas de aparcamiento exprés y de la inclusión de esta información en la página web del Ayuntamiento. A ello se suma la petición de que la lista de vehículos autorizados se actualice cada año de forma obligatoria a partir del padrón, mediante un sistema automatizado de comunicación de cambios.
Los populares proponen igualmente que las resoluciones que ahora dependen de la Alcaldía se sustituyan por criterios objetivos y reglados. Además, reclaman un periodo mínimo de seis meses de 'fase pedagógica' antes de la aplicación plena de la normativa y la creación de una comisión de seguimiento que evalúe cada trimestre los principales indicadores sobre el impacto de las medidas.