El PP de A Coruña exige anular el acuerdo con la empresa concesionaria de Nostián
El portavoz del Grupo Popular en A Coruña, Miguel Lorenzo, anunció que ha presentado una moción para exigir la anulación del acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno el pasado 24 de febrero de 2025. En este acuerdo, según indica, se perdonan 7.383.930,43 euros a la empresa concesionaria de Nostián, UTE Albada. El Grupo Popular considera que este acuerdo es perjudicial para los intereses de la ciudadanía y carece de justificación, ya que se basa en un acuerdo transaccional que contradice una sentencia firme que obligaba a la empresa a devolver ese dinero.
La moción presentada por el Grupo Popular solicita, en primer lugar, la anulación del acuerdo aprobado por el Gobierno municipal y, en segundo lugar, que el procedimiento judicial continúe en el Juzgado, defendiendo la reclamación de la cantidad íntegra de 15.683.930,43 euros más intereses de demora, tal y como se acordó en febrero de 2024. Los populares recuerdan que los pagos indebidos realizados por el Ayuntamiento entre 2011 y 2018 por la gestión de rechazos de residuos fueron considerados un "enriquecimiento injusto" para la empresa, según los informes de la concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz, y del Área de Economía y Planificación, firmados por José Manuel Lage Tuñas.
Sin embargo, el Grupo Popular denuncia que el pasado 24 de febrero de 2025, la Junta de Gobierno aprobó un acuerdo extrajudicial propuesto por la propia empresa, en el que se renunciaba a devolver los 7.383.930,43 euros, una decisión que contradice los informes previos y lo acordado en febrero de 2024. Consideran que esta decisión no está justificada y que debe ser un juez quien determine la cantidad exacta a devolver, ya que se trata de dinero público.
El portavoz popular también cuestionó la justificación del acuerdo basándose en el "interés general" y lamentó que, en una comisión de Transparencia celebrada el pasado 6 de marzo, el Gobierno municipal no aportara motivos convincentes para no esperar la resolución judicial. El Grupo Popular exige que se anule el acuerdo y que la reclamación continúe en el ámbito judicial, ya que, según Lorenzo, "es dinero de todos y no puede ser decidido por políticos sin la intervención de la justicia".