El PP de A Coruña critica la declaración de Zona Tensionada y propone medidas alternativas
El portavoz del Partido Popular en A Coruña, Miguel Lorenzo, acaba de advertir que la declaración de Zona Tensionada promovida por el Gobierno local no solo no resolverá el problema de la vivienda en la ciudad, sino que podría agravar la situación actual. Según sostiene, la experiencia de Cataluña —única comunidad donde se aplicó esta figura— demuestra que la medida provocó una caída superior al 20 % en los contratos firmados y en la oferta de viviendas de alquiler en tan solo un año.
Lorenzo propone alternativas que, a su juicio, sí tendrían un impacto real: aumentar las ayudas municipales a la rehabilitación de viviendas, agilizar la concesión de licencias de obra, activar las más de 30.000 viviendas vacías de la ciudad y, sobre todo, ofrecer seguridad jurídica a los propietarios. “En 2023 solo se ejecutaron 26.500 euros de un total de 1,2 millones presupuestados para rehabilitación. Esto no es suficiente ni eficaz”, denuncia.
Desde el PP también critican duramente la tramitación del expediente remitido por la alcaldesa Inés Rey y el edil José Manuel Lage Tuñas a la Xunta de Galicia para solicitar la declaración de Zona Tensionada. Según Lorenzo, el documento contiene múltiples errores y deficiencias que ya han sido señaladas por el Gobierno autonómico en un requerimiento formal. Entre las deficiencias destacan la falta de firmas en las memorias, cifras incorrectas sobre vivienda pública, ausencia de medidas correctoras concretas, un calendario de implantación o una estimación económica del impacto de la medida sobre los alquileres.
“Están más preocupados por cumplir con las exigencias del BNG que por solucionar el problema de la vivienda en la ciudad. Van a vender la declaración como la solución mágica, pero el efecto será el contrario: menos viviendas disponibles para alquiler, como ya ocurre en otras zonas donde se aplicó esta política”, concluye Lorenzo.
El PP defiende una política de vivienda que combine acciones concretas y efectivas con el apoyo real a propietarios e inquilinos, y alerta de que las decisiones improvisadas y mal gestionadas pueden comprometer el acceso a la vivienda de muchos coruñeses en los próximos años.