El PP de A Coruña acusa al Gobierno local de opacidad sobre el Mundial, la zona tensionada y la reorganización judicial
El Grupo Municipal del Partido Popular de A Coruña ha difundido esta semana un comunicado en el que formula tres críticas dirigidas a la alcaldesa Inés Rey: la ausencia de datos concretos sobre el proyecto para adaptar Riazor al Mundial 2030, el impacto que la denominada “zona tensionada” podría estar teniendo en la oferta de viviendas en alquiler y la reordenación de plazas judiciales que, según el PP, podría suponer el cierre de algún Juzgado de Instrucción. Las afirmaciones y peticiones de aclaración son expresiones oficiales del PP de A Coruña y se han comunicado en comparecencias públicas y a través de sus canales.
En lo relativo al Mundial 2030, el PP reprocha que en el Pleno no se ofrecieron datos sobre el proyecto de reforma de Riazor: «no hay proyecto, ni calendario, ni financiación», señala el portavoz popular, que reclama saber quién es el inversor y cómo se financiará la intervención. La prensa local apunta también a la falta de avances y a la petición de mayor transparencia por parte del Ayuntamiento.
Acerca de la zona tensionada, el PP afirma que la medida estaría reduciendo la oferta de pisos para alquiler de larga duración, al producirse un traslado hacia alquileres temporales, lo que, a su juicio y según testimonios de agencias, contribuye al incremento de los precios. Los populares piden revisar las consecuencias prácticas de la normativa y proponen reformas que devuelvan seguridad jurídica al mercado del alquiler.
Respecto a la reorganización judicial, el PP ha expresado su respaldo a la creación de juzgados especializados en violencia sobre la mujer, pero subraya que no debe hacerse a costa de suprimir órganos de instrucción. El partido se apoya en respuestas oficiales y en el debate público en torno a la dotación de nuevas plazas judiciales para demandar garantías y claridad sobre el proceso.
El Grupo Popular exige al equipo de gobierno municipal documentación y explicaciones —proyecto y calendario para Riazor, datos sobre el impacto real de la zona tensionada en la oferta de alquiler y garantías sobre la reorganización judicial—, y anuncia que seguirá planteando estas preguntas en el Pleno y ante las administraciones competentes.