El PP acusa al alcalde de controlar el acceso de los concejales de la oposición a documentos
El Partido Popular de Culleredo ha presentado un escrito ante el registro municipal exigiendo la retirada inmediata de la instrucción firmada por el alcalde José Ramón Rioboo el pasado 8 de julio, mediante la cual se impone ahora un protocolo rígido para que los concejales soliciten reuniones con los técnicos municipales. Según esta nueva norma, los encuentros deberán tramitarse exclusivamente a través de la Secretaría de la Alcaldía, por correo electrónico, especificando el tema, el servicio requerido y la fecha, y pueden tardar hasta cinco días hábiles en tramitarse.
La portavoz del PP, Izaskun García, considera que esta medida no responde a una necesidad organizativa, sino que es “un paso más en la estrategia del alcalde para dificultar la labor de control que le corresponde a la oposición y para reforzar el blindaje de un gobierno municipal cada vez más opaco”. “En Culleredo no existen precedentes de este tipo de maniobras políticas. Este es el estilo de gobierno del señor Rioboo: restringir, centralizar y blindarse frente al control democrático”, añade.
Los populares recuerdan que el derecho de los concejales a acceder a la información está recogido en la Ley de Bases del Régimen Local y el Reglamento Orgánico Municipal. “Limitar ese acceso de forma arbitraria puede ser ilegal si se utiliza para condicionar la fiscalización del gobierno, y en este caso parece claro que ese es el objetivo. La transparencia no puede depender del nerviosismo del alcalde ante la crítica”, afirma la portavoz.
En su escrito, el PP advierte que esta instrucción no tiene base legal, ya que los artículos 14 y 15 del Real Decreto 2568/1986 y el artículo 20 del Reglamento Orgánico Municipal ya regulan el acceso a la información y la relación con los servicios técnicos sin necesidad de autorización expresa. “No hace falta una instrucción para lo que ya regula la ley; lo que molesta al alcalde es que cumplamos con nuestro deber”, recalca García. “No somos culpables del colapso del Concello ni de que sus servicios estén desbordados. La causa está en el caos interno y la falta de personal, no en las preguntas de la oposición. Cuando un vecino viene con un problema y le acompañamos a hablar con un técnico, lo resolvemos porque nosotros sí escuchamos y actuamos. Eso es lo que el alcalde quiere impedir: que sigamos siendo útiles y que pongamos en evidencia su incompetencia”, asegura.
El PP de Culleredo denuncia que la instrucción pretende, además, marcar “días, horas y temas” para reunirse con funcionarios, lo que supone una coartada burocrática para limitar y fiscalizar el trabajo de representación que la ley reconoce a todos los concejales. “Valoramos los procedimientos reglados, pero la ineficiencia del equipo de gobierno no puede justificarse limitando los derechos democráticos de la oposición”, concluye la portavoz popular.