El 'no' de la plantilla mantiene abierto el conflicto del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña
El pulso laboral en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña sigue sin cerrarse tras el rechazo mayoritario del preacuerdo alcanzado el lunes entre la patronal y los sindicatos UGT y CCOO. La plantilla votó este miércoles 4 de febrero en urnas instaladas en las estaciones de A Coruña, Santiago, Ferrol y Carballo, en horario de 10.00 a 20.00 horas. Con unos 2.500 trabajadores llamados a participar, el recuento deja un resultado claro: 831 votos en contra, 336 a favor, 20 en blanco y 14 nulos.
El detalle por mesas sitúa el rechazo por delante en los cuatro puntos de votación: A Coruña (303 no y 124 sí), Santiago (298 no y 171 sí), Ferrol (148 no y 33 sí) y Carballo (82 no y 8 sí), además de votos en blanco y nulos.
Con el preacuerdo sin respaldo, el conflicto vuelve a la mesa de mediación. Las centrales anunciaron que solicitarán una reunión urgente en el Consello Galego de Relacións Laborais, lo que, de momento, evita la reactivación inmediata de los paros (la huelga que se daba por hecha para este jueves quedaría en suspenso mientras se retoma el diálogo). La CIG, sindicato mayoritario con un 47 % de representación, se fija el lunes como límite para lograr un acuerdo y avisa de que, si no hay avances, retomará la opción de una huelga indefinida.
El documento sometido a votación llegaba tras semanas de negociación y diez jornadas de huelga, en un calendario que ya había activado paros en enero y contemplaba un escenario indefinido. Entre sus puntos, incluía una subida salarial del 3,4 % para 2025 y 2026 con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, una jornada anual de 1.800 horas y nuevos complementos: 8 euros al día por jornada continuada, un plus de absentismo de 1.000 euros brutos anuales condicionado a que la tasa media de la empresa no supere el 6 %, y pagos por festivos (35 euros por día, 65 euros en fechas señaladas). También incorporaba mejoras de previsibilidad en turnos y descansos, un protocolo de desconexión digital y una regulación específica para el personal de acompañamiento, un colectivo altamente feminizado que hasta ahora no figuraba en el convenio.
Pero la división sindical ha sido determinante. UGT y CCOO defendieron el texto como un avance posible en una negociación muy tensionada, mientras que la CIG lo consideró insuficiente por no abordar cuestiones como la nocturnidad, la jubilación parcial anticipada o permisos retribuidos. Además, criticó la introducción del sistema de votación en urna y denunció incidencias con los censos y presiones durante el proceso.
En paralelo, el conflicto afecta a un servicio esencial para miles de usuarios. La Xunta fijó servicios mínimos mediante una orden del 7 de enero publicada en el DOG el 9 de enero, con criterios como mantener el 50 % de expediciones en horas punta en rutas de menos de 25 kilómetros, servicios garantizados en trayectos de mayor distancia, y medidas específicas para transporte escolar, de trabajadores y de usuarios de centros socioasistenciales.
La tensión en el sector también ha tenido otros episodios: a finales de enero, las asociaciones empresariales (Anetra, Asgatravi, Tranviac y Transgacar) condicionaron la vuelta a la negociación al cese de actos vandálicos y coacciones, denunciando ataques a 70 autobuses y dificultades para prestar servicios mínimos.