El informe del Consello de Contas reabre el debate político en Culleredo: PP y BNG piden explicaciones
El reciente II Informe Especial de Fiscalización del Consello de Contas de Galicia sobre el Ayuntamiento de Culleredo ha provocado una fuerte reacción política en el municipio. Mientras BNG y PP exigen responsabilidades y reclaman convocatorias urgentes para analizar las advertencias del órgano fiscalizador, el Gobierno local defiende su actuación y acusa a los grupos de la oposición de hacer un “uso partidista” de la documentación.
El BNG pide acceso a los expedientes y depuración de responsabilidades
El Bloque Nacionalista Galego ha solicitado la convocatoria urgente de la Comisión de Presidencia y el acceso a los expedientes a los que hace referencia el Consello de Contas en su segundo informe. Según denuncian, el gobierno municipal no ha justificado avances en el cumplimiento de las recomendaciones recogidas en el primer informe, publicado en enero de 2023.
Los nacionalistas recuerdan que ya durante la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2023 detectaron irregularidades que coinciden con los defectos señalados por el órgano fiscalizador. El BNG exige que se aclaren posibles advertencias de responsabilidades y la identificación de los responsables, tal y como figura en el documento del Consello de Contas.
El PP habla de un “escándalo de gestión” y alerta sobre posibles ilegalidades
Desde el Partido Popular, también se ha solicitado la convocatoria de una Comisión Informativa Extraordinaria de Presidencia, con el objetivo de profundizar en el contenido de un informe que, según afirman, “da la razón al PP en las denuncias hechas durante años”. La portavoz municipal, Izaskun García, considera que se trata de un caso “gravísimo” que “va más allá del descontrol administrativo”.
El PP destaca aspectos que califica de muy preocupantes, como la existencia de posibles pactos entre empresas, adjudicaciones sospechosas antes de elecciones, certificaciones que no se corresponden con la realidad, o la ausencia de publicación de contratos menores durante más de un año, lo que consideran una “opacidad deliberada”. “El informe confirma lo que llevamos años denunciando: este alcalde gobierna a espaldas de la ley y de los vecinos”, subraya García.
El Gobierno local de Rioboo acusa a la oposición de “uso electoralista” del informe
Por su parte, el gobierno municipal de Culleredo responde con firmeza a las críticas y niega cualquier tipo de ilegalidad o inacción. Afirman que, desde la recepción del borrador del primer informe, se implantaron medidas correctoras concretas, como el control previo de contratos menores mediante reserva de crédito, la regularización de servicios sin contrato en vigor y la supervisión constante de los procesos de contratación.
“El Ayuntamiento de Culleredo actúa con plena sumisión a la legalidad, avalado por informes técnicos independientes y conforme a la Ley de Contratos”, destacan. Aseguran que las observaciones del Consello de Contas no implican infracciones, sino oportunidades de mejora.
Desde el ejecutivo local se acusa al BNG de tener una “visión parcial y electoralista”, y al PP de aprovecharse de esa postura para atacar la gestión municipal. Sobre cuestiones como las “ofertas anormalmente bajas”, el gobierno recuerda que la ley permite a los licitadores justificar sus precios antes de ser excluidos, y que las decisiones son siempre tomadas por la Mesa de Contratación de forma motivada.
También defienden que las adjudicaciones próximas a elecciones municipales no incumplen la legalidad, ya que la administración debe seguir prestando servicios con independencia del calendario electoral. Sobre el supuesto fraccionamiento de contratos, afirman que se trata de actuaciones técnicas en puntos concretos, siempre avaladas por memorias y proyectos. En cuanto a los retrasos, insisten en que fueron debidamente justificados por causas como el mal tiempo o problemas de suministro.
Por último, el gobierno recuerda que durante el período analizado sufrieron la rotación de hasta tres interventores y la falta de personal técnico, lo que limitó la capacidad administrativa, pero no supuso ilegalidad alguna.
Una crisis institucional con derivadas políticas
El informe del Consello de Contas, lejos de cerrarse como un simple trámite fiscalizador, abre un nuevo frente político en el Ayuntamiento de Culleredo. Mientras los grupos de la oposición incrementan la presión pública e institucional, el gobierno local busca defender su gestión frente a lo que califica como una estrategia partidista y electoral. Queda por ver si de esta situación derivarán consecuencias políticas mayores o incluso posibles vías judiciales, como dejan entrever desde la bancada popular.