El Congreso mueve ficha por la maderera gallega Losán, con nóminas pendientes y las plantas de Curtis y Vilasantar en el aire
La crisis del Grupo Losán, compañía histórica del sector de la madera con origen en Curtis, dio un salto a la política estatal. El Congreso aprobó una iniciativa defendida por el diputado del BNG Néstor Rego para que el Gobierno de España adopte un papel activo y, a través de la SEPI, participe en el diseño de un plan de viabilidad que garantice la continuidad industrial y el empleo en las dos fábricas del grupo en Galicia, situadas en los Ayuntamientos de Curtis y Vilasantar, con más de 200 empleos directos.
El debate llega en plena escalada del conflicto laboral. Los comités advierten de retrasos de hasta cuatro nóminas y de un escenario marcado por el preconcurso de acreedores, cuyo plazo finaliza el 29 de abril, una fecha clave para despejar si habrá plan industrial o entrada formal en concurso.
Rego subrayó que la situación resulta especialmente grave por el volumen de apoyo público recibido en los últimos años. Entre esas aportaciones figura la ayuda de la SEPI por 35 millones de euros, canalizada mediante un préstamo participativo de 21,6 millones y otro ordinario de 13,4 millones. En el Congreso defendió que ‘los recursos públicos no pueden servir para sanear las cuentas de las empresas y que luego estas se marchen a otro lugar’.
La resolución aprobada incluye dos líneas de actuación. La primera, establecer canales de comunicación con la dirección de la empresa, la Xunta y los comités para que la SEPI intervenga en el diseño de un plan que asegure actividad y empleo. La segunda, evaluar el resultado de las inversiones públicas en la industria e impulsar reformas que impidan que las empresas beneficiarias recurran a ERE, cierres o traslados tras recibir fondos públicos.
En paralelo, la presión en la calle sigue: el comité ha convocado una nueva movilización el jueves 26 de febrero, a las 12.00 horas, ante las oficinas centrales del grupo en A Coruña, para exigir el pago inmediato de los salarios y compromisos concretos sobre el futuro de la actividad.