El BOE declara A Coruña zona de mercado residencial tensionado, reconocimiento pionero en Galicia

GaliciaXa | ACoruñaXa
El PP valora: “La zona tensionada no solucionará el problema de la vivienda porque donde está implantada es un fracaso absoluto”
A estatua de María Pita na plaza do Concello da Coruña
30 Jul 2025

El Boletín Oficial del Estado publicó la resolución del 30 de mayo de 2025 por la que, a solicitud del Ayuntamiento, se declara el municipio de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado. Se trata de un reconocimiento pionero en Galicia, que busca actuar sobre la problemática del acceso a la vivienda en la ciudad.

Sin embargo, el Grupo Popular de A Coruña ha mostrado su rechazo a esta medida y al plan de barrios anunciado por la alcaldesa, Inés Rey. Desde el PP califican la propuesta como “otro brindis al sol”, que se sumará a una nueva promesa incumplida de las muchas que, aseguran, ya conocen tanto los vecinos como la oposición. Según señalan, “la zona tensionada, cuya declaración publica hoy el BOE, no solucionará el problema de la vivienda porque donde está implantada es un fracaso absoluto”.

Los populares recuerdan que, según una encuesta reciente, “los coruñeses no se fían de la alcaldesa”, y que “la credibilidad de Inés Rey está en entredicho tras dejar sin ejecutar 417 millones de euros destinados a inversiones en los barrios hasta mediados de 2025”. Critican también la falta de diálogo previo con la ciudadanía y lo que describen como la inclusión en el plan de barrios de proyectos ya en marcha o pendientes desde hace años, como la reforma del mercado de Monte Alto o el centro de salud de Santa Lucía.

Respecto a la zona tensionada, el PP advierte que “es una medida populista que no ataca la raíz del problema y que, al retirar vivienda del mercado, provocará una oferta más baja y precios más altos”. Apuntan al ejemplo de Barcelona, donde la implantación de esta medida incrementó los alquileres más bajos y redujo la oferta en más de un 20 %.

La formación señala que en A Coruña existen unas 30.000 viviendas vacías, y que no se están adoptando medidas para ponerlas a disposición del mercado. También apuntan que la ley estatal de vivienda genera “inseguridad jurídica para el arrendador”, lo que desincentiva el alquiler. Además, destacan que el 97 % de las viviendas en alquiler pertenecen a pequeños propietarios, no a grandes tenedores, por lo que las medidas afectarán principalmente a estos últimos.

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