El BNG exige en el pleno regular las terrazas y soluciones para las concesiones caducadas de María Pita
Durante el pleno de enero, la concejala del BNG Avia Veira instó al Gobierno local a abordar dos prioridades: la regulación de la ocupación del espacio público por parte de las terrazas y la solución para las instalaciones cubiertas de María Pita, cuya concesión está caducada desde 2022.
Veira destacó la urgencia de actualizar la ordenanza de terrazas, compromiso adquirido en el Acuerdo de Investidura, con el fin de garantizar la accesibilidad en las aceras y calles peatonales, eliminar obstáculos para el tránsito de sillas de ruedas o carritos de bebés, y regular cuestiones como la ocupación de plazas de aparcamiento y el cumplimiento de los horarios establecidos. “La falta de esta normativa está causando problemas tanto a los residentes como a la ciudadanía en general”, señaló.
La concejala también criticó la inacción del ejecutivo local ante la falta de decisiones respecto a las terrazas cubiertas de María Pita, que siguen operando en una situación irregular. Según afirmó, “no hay avances ni explicaciones por parte del Gobierno local para resolver una cuestión que afecta a un espacio muy querido por las coruñesas y coruñeses”.
En respuesta, la edil de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, confirmó que el Concello está trabajando en una nueva ordenanza y que ya existe un borrador, que será presentado próximamente. Sin embargo, Díaz evitó pronunciarse sobre las concesiones caducadas en María Pita, dejando sin respuesta esta demanda del BNG.
Además, se trataron otras cuestiones en el pleno. El BNG destacó la inactividad del Consello Municipal de la Cultura, cuya última convocatoria fue en mayo de 2024, y cuestionó la gestión de las políticas de turismo, cuyo consorcio no se reúne desde marzo del año pasado. Gonzalo Castro, concejal de Cultura, respondió con un tono que el BNG calificó de “autocomplaciente”.
Por otro lado, el pleno aprobó las tres mociones presentadas por el BNG: dos por unanimidad sobre los retrasos en la reforma del mercado de Monte Alto y la mejora de la conexión en autobús con la estación provisional de ferrocarril; y una tercera, para impulsar el Consello de Memoria Democrática, que contó con el apoyo del PSOE y la abstención del PP.