El BNG de Miño reclama garantías para asegurar la continuidad y la calidad del SAF y evitar nuevos retrasos
El BNG de Miño ha vuelto a exigir al gobierno local ‘máxima agilidad y transparencia’ en el proceso de nueva contratación del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), después de la resolución definitiva del contrato con la empresa Os Ventos el pasado 5 de febrero y de la aprobación de un nuevo pliego por la vía de urgencia.
La formación nacionalista sostiene que, pese a tratarse de un procedimiento urgente, el anuncio de licitación no se remitió a la plataforma europea hasta el 10 de febrero a las 10.30 horas, lo que consideran un primer retraso en el inicio del proceso de adjudicación. El portavoz municipal, Alberte G. Nicolás, remarcó que ‘estamos hablando de un servicio esencial para personas vulnerables, por lo que no es aceptable ninguna demora innecesaria ni falta de información’.
El BNG alerta de que la inestabilidad afecta de forma directa a las personas usuarias y a sus familias, por lo que reclama al Ayuntamiento explicaciones por la tardanza y la puesta en marcha de canales de comunicación ‘claros y periódicos’ con las personas dependientes y su entorno.
Además, los nacionalistas ponen el foco en la situación de las trabajadoras del SAF y reclaman que se garanticen condiciones laborales dignas. Entre las incidencias señaladas citan presiones por parte de la concesionaria y problemas con el pago de nóminas, e instan al ejecutivo municipal a realizar un seguimiento activo y, si fuese necesario, a mediar.
El grupo recuerda también que el propio gobierno local admitió un empeoramiento de la calidad del servicio desde que se comunicó la resolución del contrato a la empresa el 20 de enero. Por ello, consideran imprescindible aplicar medidas transitorias mientras no se resuelva la nueva adjudicación, incluyendo fórmulas como una contratación complementaria de una segunda empresa.
Por su parte, el Ayuntamiento ha señalado que la nueva licitación se tramita con carácter urgente y con un presupuesto global de 1,2 millones de euros, y que durante la transición la empresa actual tiene la obligación de mantener la atención hasta que se formalice el nuevo contrato.