El BNG de A Coruña reclama explicaciones por los expedientes sancionadores a la residencia Concepción Arenal
El Bloque Nacionalista Gallego de A Coruña vuelve a poner el foco sobre la situación de la Residencia de Mayores Concepción Arenal, situada en la calle Sebastián Martínez Risco, tras conocerse que la Xunta de Galicia ha tramitado varios expedientes sancionadores contra la empresa concesionaria de su gestión.
En respuesta a preguntas formuladas por escrito por la diputada del BNG Mercedes Queixas, el Gobierno gallego reconoció la existencia de dichos expedientes, derivados de diferentes inspecciones realizadas en los años 2022, 2023 y 2024. Según la información facilitada, algunas de las infracciones detectadas son de carácter leve, pero también se han tramitado sanciones por faltas graves, como la falta de personal suficiente o la presencia de trabajadores sin la titulación exigida por la normativa vigente, situaciones que afectan negativamente a la calidad de la atención prestada.
Ante esta situación, el grupo nacionalista anuncia una nueva batería de iniciativas institucionales, tanto por escrito como orales, que serán llevadas al Pleno y a las comisiones municipales. El objetivo es que la Xunta rinda cuentas sobre su papel de supervisión en relación con esta residencia privatizada por la administración autonómica.
“Queremos saber si la Xunta está supervisando el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales por parte de la concesionaria. Queremos saber si está garantizando que el cuidado de las personas mayores es un derecho y no un negocio”, afirma Mercedes Queixas, quien lleva años siguiendo la situación de este centro.
El BNG denuncia que las quejas contra la empresa van más allá de cuestiones administrativas, ya que hacen referencia tanto al deterioro de las condiciones laborales del personal como a la degradación de la atención asistencial a las personas residentes. Un hecho que, según señalan, requiere una respuesta clara y contundente por parte de la Xunta de Galicia.
En este sentido, Queixas también reclama saber si los expedientes sancionadores ya han sido resueltos y cuál es el procedimiento que está siguiendo la administración autonómica para garantizar que la empresa concesionaria cumple con la Ley 13/2008 de Servicios Sociales de Galicia, concretamente en sus artículos 80 d), 81 f) y 81 g), en los que se tipifican las infracciones detectadas durante las inspecciones realizadas.
Con esta nueva ofensiva institucional, el BNG busca garantizar la transparencia en la gestión de la residencia y salvaguardar los derechos de las personas mayores que viven en ella, así como las condiciones del personal que las atiende.