El BNG de A Coruña acusa al PP de cerrar la puerta a soluciones individualizadas para las familias de Monte Mero
El debate sobre el futuro de Monte Mero volvió este jueves al Parlamento gallego con un nuevo choque entre BNG y PP en torno a las soluciones que deben ofrecerse a la vecindad afectada por el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) promovido por la Xunta para desarrollar suelo residencial en A Coruña. La iniciativa nacionalista, defendida por la diputada Mercedes Queixas en la Comisión 2ª, instaba al Gobierno gallego a continuar dialogando con las familias y a estudiar cada situación de manera individual para articular respuestas que tuviesen en cuenta la diversidad de realidades patrimoniales, residenciales y familiares existentes en el ámbito. Según explicó la propia formación, el PP votó en contra al considerar que la Administración autonómica ya está actuando en esa dirección.
En su intervención, Queixas puso el foco en que las medidas no pueden limitarse a una respuesta uniforme para todos los casos. La diputada sostuvo que la alternativa de sustituir una vivienda por otra no resuelve por sí sola el impacto que el proyecto tiene sobre las personas que residen en la zona y defendió que el arraigo, la historia familiar y la relación con el territorio también deben formar parte de la solución. 'Mientras la Xunta solo ve tejados, nosotros vemos alrededor de 200 personas que viven en Monte Mero', resumió la parlamentaria para subrayar que, a su juicio, el conflicto va mucho más allá de una mera operación urbanística.
El contexto del debate viene marcado por los últimos movimientos de la Xunta sobre este ámbito. El Ejecutivo autonómico anunció a mediados de marzo que el PIA de Monte Mero permitirá construir más de 4.000 nuevas viviendas en la ciudad de A Coruña, la mayoría protegidas, y trasladó que a las personas con residencia habitual y permanente afectadas por las expropiaciones se les ofrecerá una vivienda de reemplazo, bien en formato colectivo o unifamiliar. Días después, responsables de Vivienda mantuvieron una reunión con las personas afectadas y avanzaron que técnicos del IGVS visitarán las edificaciones para tasarlas y que los propietarios podrán escoger entre una nueva vivienda o la correspondiente valoración económica.
Sin embargo, esa propuesta sigue sin cerrar el conflicto. Parte de los vecinos considera insuficientes las condiciones expuestas por la Xunta y advierte de que hay situaciones que no encajan en una salida estándar, como inmuebles en los que conviven varias familias o casos en los que el coste de la alternativa habitacional podría resultar inasumible. Esas mismas fuentes sitúan en alrededor de 200 las personas afectadas por el desarrollo previsto en Monte Mero.
Fue precisamente sobre esa realidad plural sobre la que incidió el BNG en la Cámara gallega. Queixas afeó al PP que rechazase la propuesta pese a asegurar que la Xunta ya está hablando con la vecindad y se preguntó qué sentido tiene votar en contra de una iniciativa que, según dijo, iba en la misma línea que el Ejecutivo afirma estar desarrollando. La diputada también censuró que el Gobierno gallego no empezase a mover ficha hasta que la vecindad se organizó y llevó sus demandas al espacio público e institucional.
Con este nuevo enfrentamiento parlamentario, Monte Mero se mantiene como uno de los focos del debate urbanístico y político en A Coruña. Mientras la Xunta defiende que el proyecto es clave para ampliar la oferta de vivienda pública y asegura que analizará cada expediente, la oposición nacionalista insiste en que solo habrá una salida justa si se atiende de manera individualizada a cada familia y si se reconoce que en el ámbito afectado no hay solo inmuebles, sino vidas consolidadas desde hace décadas.