El BNG critica en el Parlamento la línea de alta tensión Bustelo-Meirama, que atravesará Ordes y Carral
El Bloque Nacionalista Galego acaba de llevar al Parlamento una iniciativa para reclamar la paralización y revisión del proyecto de la línea de alta tensión Bustelo-Meirama, una infraestructura de 220 kV que afecta a varios municipios de la provincia de A Coruña, entre ellos Ordes y Carral. A través de una proposición no de ley presentada en la Comisión 6ª, el diputado Daniel Pérez López advirtió sobre las consecuencias ambientales, sociales y técnicas que implicaría esta actuación.
La línea, actualmente en fase de exposición pública, está proyectada para recorrer 38,5 kilómetros, con 98 apoyos que atravesarán siete ayuntamientos: Cabana de Bergantiños, Coristanco, Carballo, A Laracha, Cerceda, Ordes y Carral. El BNG denuncia que el trazado pasa a menos de 100 metros de viviendas y núcleos rurales como Gontade o Quintáns, y que carece de estudios sanitarios sobre el impacto de los campos electromagnéticos y el ruido, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Además, la formación nacionalista critica que el proyecto no contemple alternativas como el aprovechamiento de líneas ya existentes o el soterramiento del cableado, lo que contribuiría a reducir el impacto visual y ambiental. También señalan que la infraestructura afectará espacios protegidos y limitará usos en terrenos agrícolas y forestales, así como su proximidad a centros educativos, como ocurre en Carballo.
A pesar de estas advertencias, el PP votó en contra de la propuesta, lo que para el BNG refleja una falta de atención a las preocupaciones vecinales y a los informes técnicos que cuestionan la legalidad y viabilidad del proyecto.
Desde el Bloque aseguran que seguirán trabajando tanto en las instituciones como en las calles para frenar una iniciativa que consideran "insostenible, innecesaria y diseñada de espaldas a la realidad territorial". También recuerdan que el parque eólico de Baralláns, al que estaría vinculada esta línea, se encuentra actualmente suspendido por orden judicial, por lo que reclaman la aplicación del principio de precaución.