El Ayuntamiento de Miño amplía ata 2060 el plazo para pagar su deuda gracias al apoyo del Gobierno
El Ayuntamiento de Miño ha logrado una nueva ampliación del plazo para el pago de su deuda municipal, que ahora se extiende hasta el año 2060. Esta medida fue aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) en el marco de una revisión de las condiciones financieras de las operaciones pendientes con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, con el fin de garantizar una mayor sostenibilidad financiera para el municipio.
El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, se reunió con la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, para analizar los detalles de esta resolución. El regidor definió esta medida como “clave para el futuro de Miño” y resaltó “la importancia de esta resolución a la hora de asegurar la estabilidad económica del municipio y para gestionar los compromisos financieros con mayor flexibilidad”. También destacó “la estrecha cooperación del Gobierno central, que siempre ha mostrado para permitir que Miño cuente con un mayor margen de maniobra financiera, garantizando así la amortización de la deuda sin perjudicar la prestación de servicios a la ciudadanía”.
La solicitud del Ayuntamiento para incorporarse a esta medida fue admitida, por lo que los vencimientos correspondientes a los meses de junio a octubre de 2025 se desplazarán hasta el 30 de diciembre de ese mismo año, sin que ello implique recargos o demoras financieras.
Esta decisión se suma a la anterior acordada en noviembre de 2023, cuando el Ayuntamiento ya había ampliado el plazo de amortización de su deuda, que asciende a 19 millones de euros, hasta el año 2050, reduciendo las cuotas anuales al 50 %. Con la nueva resolución, Miño dispondrá de diez años más para abonar esta deuda.
La subdelegada del Gobierno, María Rivas, destacó que “con medidas como esta, el Gobierno de España demuestra una vez más su compromiso con el municipalismo y con la estabilidad financiera de los ayuntamientos”. Añadió que, en el caso de Miño, “hablamos de una actuación que no solo facilita el cumplimiento de las obligaciones financieras, sino que también libera recursos para invertir en lo que realmente importa: los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía”.