Cruce de acusaciones en Culleredo por el atraso en el pagamiento de facturas y la gestión económica
El panorama político en Culleredo vivió un nuevo episodio de tensión tras las críticas vertidas por el BNG sobre la situación económica del Ayuntamiento. Según denunció el portavoz nacionalista, Tono Chouciño, el último informe de Tesorería sobre morosidad revelaría la existencia de 320 facturas sin registrar, correspondientes al cuarto trimestre de 2024, por un importe cercano a los 900.000 euros. Además, el documento indica que el plazo medio de pago a los proveedores asciende a 197 días, una cifra muy alejada de los 30 días que exige la ley.
Para el BNG, esta situación supone un incumplimiento grave de las obligaciones legales y podría afectar negativamente a la capacidad del Ayuntamiento para acceder a subvenciones y ayudas públicas, tanto de la Xunta como de otras administraciones. Los nacionalistas recuerdan que aún no se ha remitido al Consello de Contas la Cuenta General de 2023, a pesar de que el plazo legal para hacerlo finalizó el 15 de octubre del año pasado, acumulando un retraso de cinco meses.
En respuesta a las acusaciones, el Gobierno Municipal, liderado por José Ramón Rioboo, rechaza cualquier intento de alarmismo y afirma que los datos deben interpretarse en su contexto. El ejecutivo local sostiene que la existencia de facturas sin contabilizar al cierre de un ejercicio es un hecho común en las administraciones locales, debido a la coincidencia de tareas de cierre contable y reorganización presupuestaria. Asegura que en ningún caso se trata de facturas ocultas ni irregulares, sino de documentación en proceso de tramitación con total transparencia.
En cuanto al retraso en los pagos, el Gobierno admite dificultades, pero atribuye la situación al incremento de la carga administrativa y a la necesidad de cumplir rigurosamente con los procedimientos legales, y no a una “dejación” como, según afirman, insinúa el BNG con fines partidistas.
Desde el Ayuntamiento señalan que ya se han puesto en marcha medidas de mejora y digitalización de los procesos contables y de contratación, con el objetivo de acortar plazos y mejorar la relación con los proveedores. Asimismo, recuerdan que en marzo se celebró la comisión especial de cuentas, donde se abordaron estos temas, y que la Cuenta General de 2023 se encuentra actualmente en período de exposición pública, previo a su aprobación definitiva en pleno.
El Gobierno local lamenta que “cuestiones técnicas y administrativas se utilicen como arma política” y reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la mejora continua de la gestión municipal, a pesar de las limitaciones de personal que afectan al ritmo de tramitación.
Así, mientras el BNG insiste en reclamar más transparencia y responsabilidades políticas, el ejecutivo de Rioboo defiende su trabajo y llama al resto de grupos políticos a sumar esfuerzos para avanzar en beneficio de las vecinas y vecinos de Culleredo.