Cambre anuncia una pausa en la mesa de negociación mientras estudia las reclamaciones planteadas por el personal municipal
El conflicto laboral en el Ayuntamiento de Cambre entra en una nueva fase tras la decisión del equipo de gobierno de suspender temporalmente la comunicación con las delegaciones sindicales. La medida se adopta en un contexto marcado por las protestas del personal municipal, que reclama la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la resolución de carencias laborales acumuladas durante años.
Según denuncias sindicales y el propio personal, las demandas recurrentes incluyen la actualización de la RPT —pendiente desde hace mucho tiempo—, el abono de ayudas sociales retrasadas desde 2022 y la ausencia de reconocimientos médicos obligatorios en los últimos dos años. Asimismo, los trabajadores alertan de la existencia de plazas vacantes sin cubrir y de la sobrecarga de tareas que esto provoca en las plantillas que quedan en activo.
En el comunicado oficial, la alcaldesa Diana Piñeiro explica que el nuevo gobierno municipal encontró, al tomar posesión, irregularidades administrativas y pagos pendientes que hacen necesaria una ordenación administrativa y una contención del gasto. El Ayuntamiento afirma que las ayudas de 2022 están firmadas por providencia y que las correspondientes a 2023 y 2024 se incorporarán para su trámite en las próximas comisiones municipales.
El objetivo declarado de la pausa, según fuentes municipales, es ordenar la negociación para que las futuras reuniones sean más eficaces. Los sindicatos, por su parte, consideran que la medida puede dilatar la resolución del conflicto y mantienen la presión con nuevas movilizaciones hasta lograr compromisos concretos y calendarios de actuación. Entre sus exigencias figuran plazos para la aprobación de la RPT, la cobertura inmediata de vacantes y la regularización de las ayudas sociales pendientes.
Los servicios municipales como limpieza viaria, mantenimiento de infraestructuras, atención en servicios sociales y programas dirigidos a infancia y mayores podrían verse afectados si no se garantiza la cobertura de puestos y la estabilidad de la plantilla. Para los representantes del personal, la falta de respuestas rápidas agrava la desmotivación y aumenta el riesgo de bajas y de pérdida de personal cualificado hacia otras administraciones.
Alternativa dos Veciños ha expresado su apoyo a las reivindicaciones del personal y ha apelado a la responsabilidad política para retomar el diálogo. No obstante, el núcleo del conflicto sigue siendo técnico y administrativo: los sindicatos demandan pasos concretos y el Ayuntamiento insiste en la necesidad de ordenar procesos y ajustar el marco presupuestario antes de avanzar.
Especialistas en administración local y representantes sindicales coinciden en que la solución exige combinar medidas técnicas (aprobación y financiación de la RPT, calendario claro para la cobertura de puestos) con el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención y vigilancia de la salud laboral. Sin ese paquete de actuaciones, advierten, será difícil alcanzar una normalización sostenible.
Mientras se trabaja en la reactivación de la negociación, ambas partes reiteran su preferencia por el diálogo como vía para evitar una escalada que perjudique la prestación de servicios a la ciudadanía. Los sindicatos mantienen las movilizaciones como herramienta de presión hasta que se concreten compromisos verificables.