Aprobado el plan de medidas para aplicar en A Coruña como zona de mercado residencial tensionado
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, anunció la aprobación del plan de medidas específicas que se aplicarán hasta el año 2028 en virtud de la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. El objetivo, según indicó, es “mejorar la situación actual de la ciudad en materia de vivienda, con un desequilibrio evidente frente al que ya estamos actuando porque el acceso a una vivienda digna y asequible es un derecho constitucional que debe respetarse”.
La aprobación de este paquete supone el último paso necesario para la entrada en vigor de los límites a los precios del alquiler establecidos por la Ley de Vivienda. El documento ya fue presentado en la mesa sectorial de vivienda y ahora, tras recibir luz verde de la Junta de Gobierno Local, será remitido a la Xunta de Galicia y al Ministerio para su validación definitiva.
Según los datos oficiales del 15 de julio, A Coruña cuenta con 870 viviendas públicas, de las cuales aproximadamente la mitad son de titularidad o gestión municipal, mientras que el resto dependen del IGVS. Frente a esta oferta, se registran 3.761 demandantes. “La oferta es totalmente insuficiente, y esto tiene sus causas: falta de promoción de vivienda pública en los peores años de la crisis, crecimiento descontrolado de las VUT y ausencia de medidas hasta el año 2019 para intervenir en los edificios en ruinas o inacabados”, afirmó Inés Rey.
La regidora también destacó el fuerte impacto que tiene el coste del alquiler en las economías familiares, con un esfuerzo financiero que supera el 30 % de los ingresos mensuales, según los informes técnicos municipales. “Eso no es sostenible, asfixia a la ciudadanía y disminuye su calidad de vida”, apuntó.
Cuatro ejes de actuación hasta 2028
El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, explicó que el plan se articula alrededor de cuatro bloques: fomentar la promoción de vivienda pública y protegida; actualizar y adaptar el marco normativo y dar impulso al parque residencial; incentivar la rehabilitación y movilización de viviendas vacías; y reforzar la colaboración entre administraciones para evaluar las medidas y hacer seguimiento.
Entre las medidas ya activas figuran las 55 viviendas públicas en construcción en Xuxán y Marqués de Pontejos, financiadas con fondos propios o captados por el Concello. También se puso en marcha la cesión de suelo municipal a cooperativas y entidades del tercer sector, lo que permitirá la creación de 130 nuevas viviendas de alquiler asequible. Además, se movilizó suelo municipal en zonas como Los Rosales, la plaza de la Porticada o Pedro Fernández, en La Pasaxe, para la construcción de otro centenar de viviendas públicas en colaboración con el IGVS.
Díaz Gallego señaló también que se está valorando la creación de un Banco Municipal de Viviendas destinadas al alquiler social, recordando que “A Coruña está muy por debajo de la media europea de 3,2 viviendas sociales por cada 100 habitantes. Para equipararnos con ella, necesitaríamos un total de 8.000 viviendas públicas o protegidas en la ciudad”.
Control de las VUT y viviendas vacías
Otro de los pilares fundamentales del plan será la ordenación de las viviendas de uso turístico (VUT). El edil recordó que el Pleno ya aprobó una nueva ordenanza para regular este tipo de viviendas, “porque reducía el número de viviendas disponibles para alquiler y, además, porque satura e incrementa los costes para la prestación de servicios municipales”.
Junto a esto, el Concello también está ejecutando el Plan Municipal de Recuperación de Ruinas, que permite sacar a subasta pública forzosa los inmuebles que incumplen las obligaciones de conservación y rehabilitación. “Ya hay inmuebles con licencia para rehabilitar, en San Andrés, por ejemplo”, indicó Díaz Gallego.
También se activará un programa para movilizar viviendas vacías a través de EMVSA, mediante la cesión por parte de propietarios para destinarlas al alquiler asequible. Se estima que hay unos 19.000 inmuebles desocupados en la ciudad.
Las futuras convocatorias de ayudas municipales de rehabilitación y accesibilidad estarán ligadas a la incorporación de las viviendas al mercado de alquiler asequible. Se prevé también la concesión de ayudas para el pago de seguros de impago y multirriesgo, así como el estudio de bonificaciones fiscales para viviendas vacías que se pongan en alquiler.
En paralelo, el Concello creará un registro de demandantes de vivienda de alquiler social. Respecto a la regulación de los precios, Francisco Díaz Gallego explicó que “en los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado, la renta pactada no podrá exceder de la última renta del contrato de arrendamiento de vivienda habitual sujeto a la Ley, que hubiera estado vigente a lo largo de los últimos cinco años en la misma vivienda”.
Con el conjunto de medidas previsto, el gobierno local pretende hacer frente al desequilibrio en el acceso a la vivienda y avanzar hacia una ciudad más justa y habitable.