Alternativa dos Veciños cuestiona las condiciones de expropiación en Monte Mero
Alternativa dos Veciños ha mantenido una reunión con representantes de las asociaciones vecinales de Eirís y Pedralonga para analizar la situación de los propietarios afectados por el proyecto residencial previsto en Monte Mero, entre Eirís y la antigua Fábrica de Armas. La formación considera que las condiciones de expropiación anunciadas por la Xunta de Galicia son muy bajas y llega a calificarlas de 'atraco' a los vecinos y vecinas de la zona.
De acuerdo con los datos aportados por Alternativa, el ámbito de la futura urbanización abarca unos 420.000 metros cuadrados de suelo urbanizable en los que estarían afectados más de 200 propietarios y un total de 38 edificaciones con residentes. El proyecto de la Xunta contempla la construcción de 4.200 viviendas, de las cuales 800 serían de precio libre y 3.400 de precio protegido.
La formación municipalista denuncia que la Administración autonómica opta por el sistema de expropiación con un precio de 10 euros por metro cuadrado. Compara esa cifra con otras operaciones recientes en la comarca en las que, según recuerda, se habrían pagado en torno a 104 euros por metro cuadrado por suelos urbanizables con menor aprovechamiento urbanístico. A partir de estas referencias, Alternativa calcula que el valor total de los terrenos podría situarse muy por encima de los 4,2 millones de euros que resultarían de la valoración inicial.
En su comunicado, Alternativa también critica el papel del Ayuntamiento de A Coruña, al considerar que el apoyo municipal al proyecto (que incluye la recepción de suelo para unas 400 viviendas) no atiende adecuadamente las demandas de los propietarios. La formación anima a los vecinos a estudiar todas las vías legales disponibles para defender sus intereses.
Por su parte, tanto la Xunta como el Ayuntamiento defienden que el desarrollo de Monte Mero es una pieza importante para incrementar el parque de vivienda protegida en la ciudad y aseguran que el proceso seguirá los trámites legales establecidos, incluidas las fases de información pública y presentación de alegaciones.